La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), organización sindical mayoritaria en la enseñanza privada y concertada, ya denunció al conocer la propuesta inicial de la Conselleria que se trataba de un ajuste excesivamente riguroso, poco sensible con la realidad social de los centros, que constreñía  la libertad de elección de las familias y que  incuestionablemente  resultaba lesiva para la estabilidad laboral de los profesionales, docentes y no docentes.

La revisión de dicha propuesta, si bien cuenta con la bondad de atender el sentido de las alegaciones de algunos centros y de introducir la variable relativa al alumnado con necesidades de compensación educativa para fijar excepciones a la ratio mínima, consuma la supresión de 33 unidades concertadas, así como el rechazo a concertar un significativo número de nuevas unidades como colofón a un proceso marcado por  una indeseable  tensión e incertidumbre para un amplio sector de la comunidad educativa.

FSIE, a la luz de los datos que arroja la norma publicada hoy, alerta del perjuicio y riesgo futuro que esta reducción  proyecta en centros que ven seriamente comprometida la continuidad de determinadas líneas en Educación Infantil, etapas obligatorias y postobligatorias en al menos una quincena de casos.

Para el curso 2016-17, a resultas de las supresiones confirmadas y de las concedidas únicamente como aulas mixtas, FSIE reitera y exige una solución negociada a la pérdida de puestos de trabajo.

El Sindicato llama a la responsabilidad del departamento dirigido por Vicent Marzà para convertir en hechos las declaraciones públicas y testimonios en la Mesa Sindical de la Enseñanza Privada y procurar lo necesario para alcanzar a la mayor brevedad un nuevo acuerdo de recolocación que garantice la estabilidad laboral de los docentes que pudieran verse afectados por la supresión de unidades concertadas.

Fuente Comunicae